SUSANA HIDALGO //

Un grupo de inmigrantes subsaharianos llega a las costas españolas en una embarcación de pesca tradicional el 16 de marzo de 2006. (c) Pedro ARMESTRE

Los países del sur de Europa (España e Italia principalmente) han reducido el discurso sobre lo que denominan “el problema de la inmigración irregular” a exigir más dinero, más recursos y más medios para que Frontex, la agencia europea que se encarga de gestionar las fronteras, pueda controlar los flujos migratorios; pero también para que haya beneficio para las empresas privadas. Se vende el discurso del miedo, de que no son suficientes las fuerzas públicas y de que hay que buscar recursos privados para luchar contra ese supuesto enemigo, el extranjero, que ha venido a invadirnos. En todo este argumento, de fondo, subyace un problema racista. La UE creó un espacio de libre circulación y aceptó de buen grado la incorporación de nuevos ciudadanos como los rumanos y los búlgaros y, sin embargo, se cierra en banda a la incorporación de la inmigración africana. El discurso político asocia extranjeros con delincuencia, con terrorismo, con yihadismo, con enfermedades contagiosas. Una ideología que puede parecer férrea pero que a la vez está llena de contradicciones, porque no se bloquea la entrada a todos los sin papeles. De vez en cuando es conveniente abrir el grifo para que los países occidentales puedan seguir nutriéndose de obra de mano barata que les haga crecer económicamente. Por un lado, los inmigrantes son necesarios. Por el otro, hay que protegerse ante ellos.

Paradójicamente, los expertos creen que Europa, con una población cada vez más envejecida, puede encontrarse en un futuro no muy lejano con que sus políticas restrictivas han alejado la mano de obra extranjera cualificada y que ésta ha decidido emigrar a otros lugares. Así está ocurriendo ya con algunos países latinoamericanos que están empezando a recibir población africana.

La organización Migreurop, formada por distintas entidades sociales, señala cómo el negocio del fortalecimiento de las fronteras está beneficiando a empresas españolas como Indra (tecnología de vigilancia) o Air Europa (vuelos de deportación de inmigrantes). En el libro “El negocio de la xenofobia, ¿para qué sirven los controles migratorios?”, Claire Rodier, confundadora de Migraeurop, desgrana cómo cada vez hay una industria mayor en torno a las barreras físicas y las deportaciones. “Tecnología punta en materia de vigilancia a distancia, sociedades privadas especializadas en la gestión de centros de detención de inmigrantes o del traslado de los expulsados, reciclaje en el ámbito civil del saber militar actualmente infrautilizado…”, enumera la autora en su obra. Además, en un contexto de crisis económica la partida que más crece en los presupuestos europeos para el periodo 2014-2020 son, precisamente, los destinados a la seguridad de las fronteras exteriores.

Accede a la galería de imágenes para descubrir la vida de Amina y otros muchos subsaharianosen el monte Gurugú pulsando sobre la imagen © Pedro ARMESTRE

Carlos Gómez Gil también pone nombres a este negocio lucrativo: “Todo un entramado de empresas internacionales y españolas se nutre de los recursos destinados al control de fronteras. Empresas como Indra, Thales, Eads, Selex; grandes proyectos europeos de Investigación+Desarrollo como Perseus, Seabilla, Talos y Operamar, o compañías aéreas españolas como Air Europa o Swiftair. Esta es, una vez más, la doble moral que existe sobre la inmigración, la rechazamos, la criminalizamos, la responsabilizamos de todos los males, pero a la hora de obtener dinero relacionada con la misma siempre tenemos empresas y multinacionales que estarán ansiosas de recibir sus recursos”. Además, distintas compañías relacionadas con la seguridad hacen con regularidad demostraciones a Frontex de los servicios que pueden ofrecer: aviones no tripulados, soluciones tecnológicas para las vías marítimas, etcétera.

En países como Guinea Bissau la única salida que encuentran los jóvenes es emigrar a Europa © Pedro ARMESTRE

Con este discurso, en las fronteras los inmigrantes se cosifican, se convierten en una mercancía con un valor meramente económico. Esta premisa tapa al hecho de que son personas y que hay que respetar sus derechos. Para ello, el discurso político tiene que justificar ese desarrollo del negocio de seguridad y de protección de los límites geográficos. “Las declaraciones políticas o policiales insisten en la necesidad de proteger las fronteras contra la inmigración irregular, como corolario a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de seres humanos. Para lograr este objetivo, parece que sea preciso implantar cada vez más controles, debido a una presión migratoria creciente, o inminente, o masiva, según el caso y el discurso”, sostiene Rodier en su libro.

Frontex fue creada en el año 2004 y se ha demostrado que ha tenido muy poca eficacia en el control de los flujos migratorios. Cuando la vigilancia cierra una ruta, los inmigrantes abren otra. Entre este sistema y otras medidas, la UE gastó entre 2007 y 2013 casi 2.000 millones de euros en proteger sus fronteras y sólo 700 millones en mejorar la situación de los refugiados o solicitantes de asilo. Es decir, Europa destina casi el triple más a blindar sus límites que al refugio de personas que han salido huyendo de sus países en guerra. Estas son algunas de las conclusiones que señala el informe “El coste humano de la Fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas” de Amnistía Internacional. Para Irem Arf, investigadora y una de sus autoras, “la diferencia que hay en la financiación de ambas partidas indica claramente cuáles son las prioridades de los Estados miembros de la Unión Europea. Las vallas son levantadas para crear barreras físicas, se instala infraestructura técnica para reforzar la vigilancia y cada vez más guardias son desplegados para patrullar las fronteras externas”.

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Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo y de Migreurop sostiene que es un gravísimo error el fortalecer las fronteras y pone de ejemplo cómo el presupuesto de Frontex ha pasado de 19 millones en 2006 a 85 en 2013. “Los gobiernos europeos son conscientes de que eso que llaman eufemísticamente control de los flujos migratorios en realidad no funciona, es un fracaso desde hace décadas. La militarización lo único que trae como consecuencia es el desastre para las personas migrantes. Hay todo un volumen de negocio dedicado a privatizar la seguridad, dedicado a drones etcétera”, avisa. Toda esta inversión no ha hecho bajar el número de llegadas. “El negocio en seguridad del País Vasco se ha acabado y se ha trasladado a la frontera sur”, ejemplifica la letrada Patricia Fernández Vicens.

Además de la vigilancia de Frontex, España cuenta con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Pero tanta vigilancia no amedranta a los inmigrantes, la disuasión no funciona con personas que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo. Lo que provocan estas medidas es que los inmigrantes abandonen las rutas más seguras para llegar de África a Europa y tengan que optar por viajes más peligrosos, que al final tienen consecuencias trágicas.