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Hemos pasado los primeros mil kilómetros. Ahora ya rodamos paralelos a la línea costera. Ayer amaneció con lluvia en Cádiz, y nos calamos mientras fotografiábamos su playas. Probamos las aguas atlánticas en Getares antes de abandonar la provincia y saltamos hasta la costa tropical de Granada pasando antes por el mar de plásticos de Carchuna, Calahonda, Castell de Ferro. Lugar donde conciliamos el sueño para continuar hoy el camino.
Una playa gaditana fotografiada ayer con la cámara Fujifilm X-pro1. Fujifilm nos acompaña en el viaje.
La conclusión de este viaje la podréis descubrir en el informe “Destrucción a toda Costa 2013″, que presentará la organización ecologista Greenpeace en el mes de julio.
Sara Ibáñez, médico en el País Vasco, o María Pilar Castañedo, mariscadora gallega, fueron algunas de las protagonistas del informe de Greenpeace del año pasado. La organización apostó por mostrar 20 rostros de personas con un vínculo muy estrecho con el mar por diversos motivos. A través de sus historias, los ecologistas denunciaron que la mala gestión costera nos cuesta más de 100 millones de euros al año. Esa mala gestión incluye actuaciones como la regeneración de playas, dragados, espigones o la reconstrucción de paseos marítimos.
Mi nombre es Alfonso Aranburu. Soy arquitecto y pintor. Tengo 74 años, nací en Huelva y aquí vivo. Tengo cuatro hijos y una nieta. Amo a mi tierra porque me atrae su luz y su paisaje horizontal, protagonista de mis cuadros en los que no existe la frontera entre la tierra y el mar.
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Con casos concretos, Greenpeace denunció por ejemplo que el coste total de desmantelar una urbanización ilegal con 430 chalés y equipamientos en el Cap de Creus (Girona) ha costado 11, 5 millones de euros. O que en Andalucía se han perdido 13 millones de euros por regeneraciones que no han servido de nada en las playas de Los Baños del Carmen (Málaga), Garrucha (Almería) o Granada.
Además, para Greenpeace la política actual de costas no está teniendo en cuenta el cambio climático. Y esto supondrá para el Estado un coste de 3.415 millones de euros hasta 2100 por culpa de que cada vez los temporales y las sequías son más intensas y por la subida del nivel del mar.